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Si hay una imagen que resume la posición española frente a la revolución de la inteligencia artificial, es la de un país bien situado para adoptar la tecnología, pero prácticamente ausente de su desarrollo. El estudio compara a España con Estados Unidos, China y el resto de la eurozona en una decena de dimensiones clave (desde la existencia de modelos fundacionales propios hasta la inversión en I+D) y el contraste es contundente: España no dispone de modelos fundacionales propios, su inversión en I+D apenas alcanza el 1,4% del PIB (frente al 3,5% estadounidense) y su participación en la inversión privada mundial en IA es inferior al 1%, frente al 48% que concentra Estados Unidos.

Esta posición, sin embargo, no debe interpretarse automáticamente como una debilidad. La historia económica demuestra que la ventaja competitiva de las grandes revoluciones tecnológicas no siempre recae en quien las inventa, sino en quien consigue incorporarlas con mayor rapidez y eficacia a sus procesos productivos. El verdadero reto de España, por tanto, no es tanto el acceso a la tecnología (que llegará de forma generalizada durante la próxima década) como la capacidad para desplegar lo que el estudio denomina «capital complementario»: el conjunto de activos físicos, organizativos y humanos necesarios para que la IA se traduzca en ganancias reales de productividad.

Ahí es donde aparecen los principales déficits. El problema inversor español no es de volumen agregado, comparable al de otras economías europeas, sino de composición: persiste un retraso relativo en infraestructuras energéticas y digitales (el propio Banco de Pagos Internacionales señala la capacidad eléctrica como uno de los principales cuellos de botella para la difusión de la IA), en activos intangibles y, muy especialmente, en capital organizativo, es decir, en la capacidad de las empresas para rediseñar procesos y adaptar su estructura interna a la nueva tecnología. A ello se suma la elevada atomización del tejido empresarial español, que dificulta que las pymes puedan afrontar por sí solas los costes que exige una adopción efectiva. El riesgo es una difusión desigual: rápida entre las grandes empresas y los sectores intensivos en conocimiento, mucho más lenta en el resto del tejido productivo.